El 1 de enero del año 2007 arrancaba la Ley de la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, creando una gran expectación entre las familias cuidadoras, el sector sociosanitario y el movimiento asociativo. Sin embargo, 14 años después, la ley no ha cumplido sus objetivos.
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia inició su andadura el 1 de enero del año 2007. Impulsada por el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero, nació con el objetivo de “atender las necesidades de aquellas personas que, por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad, requieren apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar una mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía”, según apunta el texto legal.
El aspecto más positivo fue que logró poner negro sobre blanco a la necesidad de garantizar el derecho a la atención y fue el comienzo de un sistema articulado con vocación universal. Hasta ese momento, el cuidado recaía esencialmente en las familias sin apenas apoyo público, los recursos eran muy escasos, desiguales según el municipio, y focalizados en situaciones de emergencia social.
Dos expertas en esta materia, Mercedes Sastre, profesora titular de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid, y Rosa Martínez, profesora titular de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos, ambas autoras, junto con Susana Roldán, del informe ‘La atención a la dependencia en España’ reconocen que tuvo sus luces y sombras. “Con esta ley se plantea el derecho a la atención de los dependientes como derecho subjetivo y eso constituye un claro avance social, ya que los cuidados de larga duración están llamados a ser parte importante de las políticas de bienestar social en el siglo XXI. Con esperanzas de vida cada vez más largas, muchas más personas van a necesitar ser asistidas en algún tramo de su vida, y es deseable que existan mecanismos colectivos para cubrir ese riesgo social, como se hace con las pensiones o la sanidad”, explican.
Sin embargo, tiene una parte negativa importante y es que “no se ha cumplido todavía, tras casi 15 años de andadura, el objetivo de garantizar una atención universal, adecuada y suficiente de las personas que sufren dependencia”, declaran.
Esto se debe fundamentalmente a tres grandes problemas –explican ambas economistas–: el primero y quizás más importante, la insuficiente financiación, que ha provocado prestaciones claramente insuficientes; en segundo lugar, y vinculado a lo anterior, la gestión, que ha sido lenta y ha generado grandes listas de espera; y por último, pero no menos importante, el propio diseño del sistema, que ha dado prioridad a las ayudas monetarias y al cuidado familiar frente a los servicios profesionales directos.
“Hay que resaltar que actualmente más de un tercio de los dependientes son atendidos a través del cuidado informal en el entorno familiar, a cambio de una bajísima compensación económica”, destacan.
Unas deficiencias que se suman a una escasa calidad en la formación de los trabajadores y trabajadoras del sistema, según explican estas expertas. “A todo esto hay que añadir una importante precariedad tanto en la atención recibida como en las condiciones laborales de las trabajadoras del sistema, así como un elevado grado de fragmentación territorial e institucional, que dificulta la coordinación y genera desigualdades regionales en el acceso a la atención a la dependencia”.
UN SISTEMA INSUFICIENTE SIN UN MODELO DEFINIDO
En resumen, la Ley de Dependencia vigente no garantiza la suficiencia de la atención prestada ni define un modelo acertado de provisión del servicio. Mercedes Sastre y Rosa Martínez son contundentes en este sentido, “ciertos errores de diseño, unidos a una implementación ‘de bajo coste’ llevada a cabo en un contexto de crisis económica, recortes presupuestarios y baja prioridad política del nuevo programa, han configurado un sistema insuficiente para atender adecuadamente la demanda.
Los datos generados por el propio Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) muestran problemas graves, como la persistencia de una bolsa importante de personas con derecho reconocido pero no atendidas en la práctica y el protagonismo de las prestaciones para cuidados en el entorno familiar. “Detrás de estas cifras existen personas dependientes y familias que no han visto mejorar significativamente su situación con la esta política pública, como atestiguan las respuestas recabadas por las diversas encuestas que investigan este extremo”, señalan ambas expertas.
Unas consideraciones similares aparecen recogidas en el XXI Dictamen del Observatorio de la Dependencia, elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicio Sociales (ADGSS).
Este documento señala que la atención a la dependencia en nuestro país ha experimentado un claro retroceso. “El impacto de la Covid-19, el complejo procedimiento y que el Ministerio de Derechos Sociales no incrementó el presupuesto ni en un solo euro nuevo durante el año 2020, ha hecho retroceder al Sistema en los indicadores relevantes. En plazas de centros de día y residencias el Sistema ha retrocedido a datos de hace más de tres años, a septiembre de 2017”, recoge el informe.
373.800 DEPENDIENTES SIN RECIBIR ATENCIÓN
Las cifras del dictamen revelan que en la actualidad un total de 232.243 personas se encuentran en lista de espera, el 17,1% con derecho a atención. Y casi la mitad de las personas desatendidas son dependientes con Grados III o II. A esto hay que sumar las 141.556 personas que están pendientes de valoración. En resumen, hay un total de 373.800 a la espera de valorar o de recibir prestación.
Otro dato bastante alarmante que refleja este Dictamen del Observatorio es que durante el año 2020 se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 248.751 fallecimientos de personas que ya habían solicitado la atención. De esos ciudadanos, el 22,26% (casi uno de cada cuatro) fallecieron a la espera de resolución de grado o de prestación (limbo), es decir, en lista de espera. Además, del total de personas fallecidas, el 80,73% tenían más de 80 años.
“En los últimos años, hubo una declive bastante grande en las valoraciones y en las prestaciones, las listas iban aumentando, pero nunca se dio el caso de que los principales indicadores de gestión, que son las solicitudes, las prestaciones y los beneficiarios, retrocediesen. Se había paralizado, es cierto, debido a los recortes que hubo en el año 2012, que impactaron en el sistema de una manera muy negativa y en los años siguientes hubo un parón, pero jamás habíamos vivido un retroceso en los indicadores más importantes del propio sistema. Esto se debe a que no ha sido capaz de adaptarse a las necesidades que nos ha planteado esta crisis social”, afirma José Manuel Ramírez, presidente de la ADGSS.
Toda esta situación puede derivar, según Ramírez en un problema gravísimo porque la tasa de reposición del sistema no mejora, por lo tanto se vuelve a retroceder. Según los datos oficiales del ministerio, hay 43.794 solicitudes menos que había a principios de 2021, y también 26.157 valoraciones menos y 28564 personas menos con derecho reconocido. Estos tres indicadores demuestran un retroceso absoluto en el sistema y tardaremos mucho en recuperarlos.
Por este motivo, ha sido tan bien recibido el Plan de Choque en Dependencia 2021-2023 que Gobierno, agentes sociales y comunidades aprobaron a finales de enero con amplio consenso.
Está previsto destinar una inversión al sistema de 3.600 millones de euros hasta 2023, que permitirán reducir las listas de espera, y mejorar los servicios y prestaciones.
SERVICIOS PROFESIONALES DE CALIDAD PARA DESCARGAR A LAS FAMILIAS
Hace 14 años, cuando se aprobó la ley, el cuidado de los mayores dependientes recaía fundamentalmente en los cuidadores familiares, cuyo perfil era mujeres de mediana edad (hijas, cónyuge…) y esa realidad sociológica no cambia fácilmente.
Las profesoras de Economía Aplicada, Mercedes Sastre y Rosa Martínez, explican que en aquel momento era razonable incluir la figura del cuidador familiar como un recurso excepcional para determinadas situaciones, y supuso una mínima forma de reconocimiento en términos económicos y de derechos de cotización a un trabajo invisible que muchas mujeres venían realizando de facto.
“Lo que no es razonable es que, década y media más tarde, el sistema siga infradotado y sin haber desarrollado los servicios suficientes para generar alternativas reales de cuidado adaptadas a las necesidades. Se ha generado un círculo vicioso muy difícil de romper porque las familias no confían en que los recursos públicos lleguen a tiempo y sean suficientes para atender a las personas dependientes, y ante esa falta de recursos públicos que realmente sirvan de ayuda ‘prefieren’ una ayuda económica que, al menos, les sirva para cofinanciar las soluciones privadas que, de hecho, se siguen necesitando, por ejemplo, una o varias cuidadoras, generalmente inmigrantes”.
La realidad demuestra que el cuidado informal es más barato y menos profesional, y además impone una carga importante a las familias, y en particular a las mujeres.
Sastre y Martínez tienen clara su postura respecto a las prestaciones económicas por cuidados: “Estas ayudas al cuidado informal, concebidas en principio como residuales, son percibidas actualmente por 425.000 personas, aproximadamente cuatro de cada diez usuarios del sistema. Asimismo, su prevalencia tiene un importante efecto sobre la equidad de género, puesto que la mayoría de los cuidadores informales son mujeres a las que se ha desprovisto de derechos laborales y sociales básicos. Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) son muy ilustrativos de la magnitud del problema. La mayoría de las personas que alegan no buscar empleo por estar cuidando de un dependiente señalan que su situación se debe a que no existen, o no pueden costear, los servicios de cuidado adecuados. Por tanto, consideramos que las ayudas al cuidado familiar no deberían existir y deberían ofrecerse alternativas reales de atención profesional de calidad”.
LOS SERVICIOS DE PROXIMIDAD SERÁN FUNDAMENTALES
Ambas economistas consideran que si queremos tener una ley eficiente hay que impulsar los servicios de proximidad; es decir, servicios de ayuda a domicilio coordinados, según los casos, con otros recursos, como las terapias de prevención del agravamiento de la dependencia, los centros de día o la teleasistencia avanzada.
También son importantes las ayudas para adaptar las viviendas, que ahora son pocas y muy desiguales entre territorios. “Para todo ello hace falta incrementar el número de profesionales de ayuda a domicilio y mejorar sus condiciones de trabajo, dar prioridad a la gestión directa de dicho servicio por parte de las administraciones públicas, así como garantizar un número de horas acorde a las necesidades, eliminar incompatibilidades entre prestaciones y, en general, diseñar paquetes de atención mucho más diversos, individualizados y adaptados a las preferencias y necesidades del dependiente y sus familiares. Todo ello exige recursos, pero el impacto positivo de esa inversión sobre la economía, el empleo y el bienestar de las personas mayores y sus cuidadores sería enorme”, afirman las dos expertas.
